jueves, 29 de diciembre de 2011


¿Y después de la monarquía, qué?


¡Es tan fácil arremeter contra el Rey en estos momentos! ¡Si es que lo ponen a huevo! Urdangarín ha sido imputado. El rey Juan Carlos hace tiempo que le ha condenado.

La infanta Cristina, pese a ser titular junto al duque de Aizoon, empresa que se apropiaba de dinero desviado por el Insituto Noos, no figura como imputada. ¿Por qué?, que se preguntaría Mou en tono retórico y para zaherir. El juez Castro debería aclarar por qué a uno se le acusa y a la otra no, al igual que debería clarificar los motivos por los que tampoco se imputan a la Infanta y Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, si formaron parte de la junta directiva de Nóos hasta junio de 2006. El magistrado aduce que porque no pertenecían al círculo cerrado de toma de decisiones. Confiemos en el juez. Pero hay otro dato intrigante. La monarquía, que se olía las artimañas desde hacía años, encubrió los hechos. ¿No es delito el encubrimiento? Y el PP y el PSOE ovacionándola como nunca en el Congreso en el estreno de la décima legislatura.

Para colmo la Casa del Rey, en un intento de salvaguardar su imagen, difunde en qué se gasta la partida asignada por los presupuestos. ¿Qué me importan a mí los emolumentos del Rey, el Príncipe o las Infantas? Me importa el caudal total que cuesta la monarquía al erario público. No sólo los 8,4 millones… Algunos medios apuestan a que la suma global asciende a los 60 millones al año.

Si la Corona no existiera, el sector público se ahorraría esos 8 millones y pico más el gasto que suponen los casi 500 funcionarios que trabajan para el monarca pero cuyo sueldo depende del ministerio de Presidencia (solo las nóminas de 18 altos cargos las paga el Rey de su partida), así como el material de oficina (1,7 millones), los gastos en seguridad, coches oficiales y chóferes, y viajes y visitas oficiales. Claro que habría que restar los costes de Palacios y otros edificios que aunque los usan los monarcas no son de su propiedad sino de Patrimonio Nacional y que, por lo tanto, su manutención continuaría corriendo a cargo de las cuentas públicas.

Me imagino que en los tiempos que vivimos de estafa generalizada –la también llamada crisis- el Rey y los más fervientes servidores –o vividores- saben que el caso Urdangarín no hace ningún bien no ya en los detractores de la Corona – ya que éstos no necesitan de escándalos para rechazar la monarquía como forma de gobierno en España- sino en sus seguidores, hartos de corrupción y de fraude fiscal por doquier. Si el Rey o su sucesor continúa ejerciendo de jefe de Estado en los próximos años, debería ser solo si el pueblo español –si es que existe tal pueblo- así lo manifiesta. Y, supongo, que el referéndum es la mejor herramienta.

Harina de otro costal es dirimir qué vendría después. No sea que vayamos de Guatemala a Guatepeor. A mí que España se convierta en una República no me parece mal, pero lo que no me gustaría es que hubiera como Jefe de Estado un Presidente de la República de España, figura diferente de la de Presidente del gobierno. Más que nada porque de ahí a diseñar dos elecciones diferentes hay un paso, con todos los costes añadidos que eso comportaría (el 20-N valió 124 millones de euros al Estado, sin contar el invertido de forma "privada" por cada partido, que es incalculable). Nada que objetar si la elección de un presidente de la República no costara ni un euro más. Y nada que objetar de igual modo si en un referéndum la monarquía resultara ganadora. Que me gustara o no sería otro cantar. Creo con bastante seguridad que a día de hoy la monarquía superaría de calle un referéndum. Aún así, ¿por qué no legitimarla en las urnas sea o no condenado Urdangarín?